La máxima autoridad judicial abordó un tema especialmente sensible para el sector de las finanzas. Existían tesis contradictorias con relación a intereses cobrados, pactados libremente entre las partes. Por esto, estableció una tesis de jurisprudencia que afectará positivamente a los ciudadanos que adquirieron una deuda con intereses que podrían ser considerados usureros.

Por una parte, esta decisión aleja el temor, sobre todo entre las instituciones bancarias y microfinancieras, de que las autoridades financieras fijen topes máximos a las tasas de interés, como sucede en algunos países. Por otra parte, no entró a las disquisiciones sobre cuándo las tasas pueden ser consideradas usureras. Son muchas las variables que determinan las tasas, variables cada vez menos controladas al interior del país. La interrelación financiera mundial juega en contra de establecer tasas autónomamente.

Pero esta situación no es razón para que las autoridades judiciales no defiendan los abusos cometidos, amparadas las instituciones financieras en que el contrato de crédito fue establecido libremente. De ahí que más que fijar números o porcentajes para afirmar cuándo tiene lugar la usura, estableció criterios jurídicos que los jueces están obligados a tomar en cuenta.

¿Cuáles son esos criterios establecidos por la Corte? Los jueces deben atender al contexto y a las circunstancias específicas —sin mayor necesidad de recabar mayores elementos probatorios— las circunstancias que obran en autos, si en ellos constan elementos suficientes para generarle convicción de que el interés pactado por las partes en el pagaré fuere notoriamente excesivo, y en ese supuesto, deberán analizar —de oficio— si en ese preciso asunto se verificara el fenómeno usurario, como lo establece la ministra Olga Sánchez.

En tales circunstancias, el juez podrá reducir la tasa de interés pactada si fue notoriamente excesiva y usuraria. La Corte proporcionó dos tipos de criterios. El primero, objetivo, cuando el interés en sí mismo es exorbitante; y el segundo, subjetivo, cuando el sujeto de crédito carezca de conocimientos, experiencia o esté en extrema miseria.

Queda por ver cuál será el comportamiento de los jueces ante casos que a todas luces son usureros; más todavía, cuando los interés estén entre el límite de lo permitido (por quién) y de lo claramente exfoliativo. Para muchos, una tasa de interés arriba de 50% es claramente usurera; en cambio, muchas microfinancieras justifican plenamente tasas de 70, 100% y más, pues afirman que “no hay peor crédito que el que no existe”.

La cuestión de fondo que resolvió la Corte se basa en un argumento irrebatible, asentado en el Artículo 1° constitucional: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales y en el Artículo 21, en inciso 3, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley.

¿Habrá alguna institución financiera que reconozca que sus intereses son usureros? ¿Defenderán los jueces a los ciudadanos que firmaron contratos usureros? Es de esperar que esta tesis sirva para defender a las personas de escasos recursos que firman sin visualizar las consecuencias de un contrato.